Licencia social para operar: el diálogo como requisito empresarial

El paradigma del progreso siempre ha estado representado por las grandes infraestructuras. Su carácter multiplicador de oportunidades y la posibilidad de generar un impacto positivo, es bien recibido por las comunidades si va acompañado de la generación de empleo para los habitantes de ese lugar, el respeto por el medioambiente, etc. Es por ello que la premisa económica de llevar a cabo un proyecto de infraestructuras es relevante, pero no es la única necesaria.

De esto trata el concepto de licencia social para operar, o lo que es lo mismo, ese permiso de la comunidad que va más allá de cumplir con la regulación local y concede una comunidad para el inicio de un proyecto en su territorio. Veamos en qué consiste.

¿Qué es la licencia social para operar?

La licencia social es una medida que nació gracias a una iniciativa de Naciones Unidas en 2004. En ella instaba a las empresas, principalmente de los sectores extractivos, a hacer partícipes de sus proyectos a los pueblos indígenas de los territorios en los que operaban y a contar con su consentimiento antes de ponerlos en marcha. El beneplácito debía ser libre, previo e informado.

Naciones Unidas pretendía recordar que no basta con la legitimidad legal para que se desarrolle una actividad, sino que es imprescindible la legitimidad social de sus afectados.

Desde entonces la licencia social para operar empezó a aplicarse sobre todo en actividades que implicaban un gran impacto medioambiental o riesgos de seguridad. Aunque no existe una lista de requisitos a cumplir ya que depende de las creencias y percepciones de cada comunidad, hoy los estándares en las exigencias de este concepto son cada vez más rigurosos, ya que existe mayor transparencia en las empresas a la hora de autoevaluarse y más conocimiento por parte de la población de los derechos que les protegen.

Esta medida ofrece ventajas en dos direcciones: las comunidades afectadas valoran de qué manera puede beneficiarles o perjudicarles una obra y pueden participar en cómo se desarrolla; y las empresas aseguran el desarrollo de sus planes sin conflictos ni descontentos sociales.

Más allá de la justicia

Actualmente no se puede plantear el emprendimiento de una obra industrial o urbanística sin que la licencia social para operar la legitime. Las empresas evalúan e informan del impacto medioambiental, la generación de residuos, generación de empleo local así como la capacitación de los empleados y muchos más aspectos de sus actividades con ojo crítico.

Sin embargo, es cierto que la licencia social para operar es difícil de definir y casi imposible de medir, y en ocasiones los gobiernos y las empresas encargadas de ejecutar los proyectos se topan con ella cuando es demasiado tarde porque en alguna de las fases de diseño faltó la integración de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que de repente cobran una enorme importancia.

Además, la licencia para operar es dinámica, es decir, necesita de la renovación y aprobación continua por parte de la comunidad y no debe verse como un trámite a realizar sólo al comienzo del proyecto.

La licencia social tiene mucho que ver con el diálogo con las comunidades, con el saber escuchar. Hay tres premisas que la componen:

• la legitimidad, que se rige según las “reglas del juego” sociales, legales y culturales de la comunidad a la que va a afectar

• la credibilidad que es capaz de ofrecer la entidad pública o privada mediante la transparencia y la veracidad de la información que presenta y, sobre todo, cumpliendo los compromisos acordados.

• la confianza entre la organización y los habitantes, lo que exige un diálogo de calidad y duradero en el tiempo y generación de valor compartido.

La coexistencia efectiva entre las organizaciones que desarrollan la construcción de infraestructuras y los habitantes dentro de una comunidad requiere el desarrollo de relaciones ricas y duraderas basadas en el respeto y la comprensión mutuos.